sábado, 19 de julio de 2014


AYUDA PARA ABORTAR EN EL EXTRANJERO COMO SALIDA A LA LEY GALLARDÓN



Un colectivo de emigrados españoles pretende informar y ayudar a las embarazadas que quieran abortar en el extranjero legalmente cuando se apruebe la nueva ley.
El Gobierno saca del cajón la reforma del aborto en plenas vacaciones
Desde el pasado mes de diciembre, opinión pública —y política— se revuelve cada vez que se habla de la aprobación de la ya famosa ley Gallardón, que cambia el derecho a interrumpir el embarazo en las 14 primeras semanas de gestación por una normativa de supuestos que penaliza el aborto salvo algunas excepciones. La norma que quiere impulsar el Ejecutivo del PP aún no ha llegado a aprobarse en el Consejo de Ministros pero, cuando lo haga, el grupo de Feministas del 15-M de Berlín ya tendrá todo preparado para prestar ayuda y asistencia a todas las mujeres que quieran a acudir al país germano a interrumpir su embarazo de manera legal y evitar así tener que recurrir a la clandestinidad.
La iniciativa ha cogido el nombre de una histórica feminista, Federica Montseny, la primera ministra de Europa Occidental y pionera en proponer una propuesta de Ley del aborto en España. Detrás de la organización que ahora recupera su nombre, están personas como Marta, Jerome, Maia o Joan, algunos de los cerca de 15 voluntarios que hasta ahora forman la red y que estos días ultiman los detalles para el acto de presentación oficial que harán este viernes.
El objetivo, aseguran, es doble: "Por un lado, asistir y ayudar realmente a las mujeres, y por otro hacer presión política para que no se llegue a aprobar la ley", aclara a Público Jerome, uno de los activistas. Para aunar ambos objetivos, han desarrollado una web que contará con toda la información necesaria para quien haya decidido interrumpir su embarazo en el extranjero: desde vuelos en compañías low-cost a legislación o costes de la intervención.
Acompañadas desde el primer momento
Una vez tomada la decisión, una bolsa de voluntarios ofrece su tiempo, su casa y su conocimiento del idioma para recoger, acoger y acompañar a las embarazadas durante todo el proceso. "Nosotros tenemos la logística preparada, pero luego cada decisión depende de ellas, las acompañaremos tanto como quieran o necesiten", comenta Ana Martín, que prefiere no dar su nombre real, y aclara que esta iniciativa surge de la necesidad de garantizar una seguridad sanitaria que ya no proporciona el Estado español: "Nos organizamos contra la clandestinidad, para que no se haga a escondidas, porque la mujer no tiene que viajar en el sótano de un avión si quiere abortar".
La Red Federica Montseny, surgida del colectivo 15-M en Alemania ya se extiende a Berlín, Bruselas, Londres, Lisboa y Viena.
A pesar de estar a punto de nacer, la Red Federica Montseny ya está creciendo a pasos agigantados, y voluntarios de Bruselas, Lisboa, Londres y Viena ya se han unido a la plataforma. Otros de ciudades como Praga o París, se plantean hacerlo, y otros dan su apoyo simbólico en la lejanía, desde México DC, Buenos Aires o Montevideo. "Las sociedades están cambiando y somos a día de hoy capaces de organizarnos y dar apoyo dentro de un territorio y más allá y la red es un ejemplo de esto", asegura Ana. Además, cuentan con el apoyo de organizaciones feministas españolas y extranjeras que facilitan la labor de llegar a darse a conocer en los círculos donde una mujer acude ante una situación de embarazo no deseado, como centros de planificación familiar.

Legislación alemana
En Alemania, la legislación sobre el aborto es muy parecida a la del partido socialista que hasta ahora se aplica en España, con una ley de plazos que contempla la interrupción hasta la semana 12 de gestación, pero en el caso alemán los gastos corren a cargo de la embarazada. Además de este desembolso, las embarazadas españolas sólo necesitarán la Tarjeta Sanitaria Europea y acudir a una "Schwangerschaftskonfliktberatung" o "asesoramiento sobre el conflicto del embarazo" tras el que, pasado un periodo de tres días de reflexión, podrán realizar la intervención.

El aspecto legislativo ha sido, de hecho, uno de los más complicados a la hora de conformar esta red. Quieren dejar claro que no hay ningún ánimo de lucro detrás de estos voluntarios, ya que en Alemania está penado con hasta dos años de cárcel difundir o promocionar el aborto con fines económicos. "No hacemos ningún tipo de promoción, sino que ofrecemos la logística para quien quiera abortar, lo haga", aclara Maia García.


Todo indica a que finalmente la ley Gallardón será tramitada este otoño para que entre en vigor a finales de año, después de meses de controversia incluso dentro del Partido Popular y tras aceptar la malformación del feto como motivo legal para abortar. En la red de Berlín, están seguros de que esta medida no disminuirá el número de abortos, sino que pone en peligro a las mujeres y es un retroceso en sus derechos y libertades. "Es volver a 1985 y aumentar las diferencias entre clases, ya que sólo podrán abortar las mujeres que puedan permitírselo. Es algo ideológico", sentencia Maia.

El Gobierno permite a las mutuas controlar las bajas laborales desde el primer día


El Consejo de Ministros aprueba la reforma de las mutuas, que forman parte de la CEOE. La medida posibilita que hagan propuestas para "motivar" altas médicas, aunque la decisión última la tomará siempre un médico

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y las ministras, de Empleo, Fátima Báñez (c), y de Fomento, Ana Pastor (d), a su llegada a la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para informar sobre los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y las ministras, de Empleo, Fátima Báñez (c), y de Fomento, Ana Pastor (d), a su llegada a la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para informar sobre los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Ministros.- EFE/PACO CAMPOS
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una antigua reivindicación de los empresarios: poder actuar en las bajas laborales desde el primer día. El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que reforma las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que permitirá ahorrar 500 millones de euros, según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

La reforma también modifica el nombre de estos órganos, que a partir de ahora se pasan a denominar "mutuas colaboradoras de la Seguridad Social".

El texto recoge la posibilidad de que las mutuas, que forman parte de la CEOE, actúen desde el primer día [hasta ahora no podían hacerlos hasta el decimosexto] de la baja laboral, y cuando consideren que el beneficiario puede no estar impedido para el trabajo harán propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud (SPS). Aunque la decisión última sobre el alta de un trabajador la tomará siempre un médico, aunque algunas voces alertan de que la medida podría provocar presiones en los profesionales de la sanidad.

La inspección médica de los SPS deberá comunicar a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un plazo de 5 días hábiles la emisión del alta de un trabajador o su denegación.

Cambios en los plazos
Si el SPS desestima la propuesta de alta de la mutua o no contesta en forma y plazo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en 4 días.

Se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor, a la espera de que la ley de mutuas termine su tramitación parlamentaria y entre en vigor.

En este periodo, en el caso de los SPS será de 11 días, y en el del INSS serán ocho.

La ministra Báñez ha destacado que la ley clarifica y sistematiza el régimen jurídico de las mutuas y ha añadido que mejora las prestaciones del sistema en beneficio de los trabajadores y previene los riesgos laborales.

Suspender la baja
Además, de acuerdo con lo aprobado en los presupuestos generales del Estado de 2014, se regula la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico.

Si en el plazo de 4 días el trabajador no ha justificado debidamente su ausencia se extinguirá la situación de incapacidad temporal.

De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada no se extingue automáticamente la prestación como ocurría antes de la modificación.

A partir de ahora, el parte de confirmación será de hasta cinco días de baja, y se podrá expedir el parte de baja y alta en la misma visita médica.

Orientaciones estándar para los médicos
De manera orientativa, los médicos dispondrán de tablas de duración estándar por patologías que tienen en cuenta la enfermedad del trabajador, su edad y su actividad laboral.

El texto incluye también la regulación de la transmisión diaria por vía telemática de los partes de baja y alta desde los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas al INSS y de este organismo a las mutuas, cuando sean responsables de la protección del trabajador.

Menos trámites
Báñez: "80 % de las peticiones de baja se rechazaba por ser un sistema muy rígido"
Asimismo, la ley de mutuas simplifica los trámites para el acceso a la prestación por cese en la actividad por la que cotizan los trabajadores autónomos.

La ministra de Empleo ha destacado que el 80 % de las peticiones se rechazaba por ser un sistema muy rígido y ser difícil de justificar las perdidas y ha mostrado su confianza en que ahora se acepten "casi todas".


Por otra parte, junto con el texto de refomra de las mutuas, el Gobierno ha aprobado un  real decreto sobre incapacidad temporal (IT) por el cual los trabajadores ya no tendrán que desplazarse a su centro de salud cada siete días para recoger sus partes de baja, ya que se ajustará a la previsión del seguimiento clínico.