Tres alumnos de catorce años, que cursan estudios en un colegio de San Sebastián, han sido procesados por la Fiscalía de Gipuzkoa por acosar a uno de sus compañeros de aula, para el que acudir al centro escolar se convirtió en «una tortura» por los malos tratos a los que era sometido. El ministerio público pide para estos tres chicos 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, así como una compensación económica para la víctima a abonar conjuntamente con sus padres, y que se declare al colegio «solidariamente responsable, en su condición de guardador» del alumno perjudicado.
Según el escrito de alegaciones de la Fiscalía, «el ambiente de violencia desplegado en el aula» contra este adolescente «llegó a ser tan insoportable para el resto de alumnos» que, finalmente, lo pusieron en conocimiento del tutor.
Los hechos, que provocaban en la víctima «sentimientos de desesperación y angustia», ocurrieron durante el último trimestre del año 2011 y el primero de 2012, «siempre en el ámbito escolar y de forma prácticamente diaria».
El documento de la Fiscalía explica que los tres encausados presuntamente acosaban «de forma consciente y querida» mediante «actos de violencia física» a su compañero, al que «golpeaban» con ánimo de «menoscabar su integridad física» entre las clases, mientras «se producía el cambio de profesor en el aula».
Los presuntos agresores, uno de los cuales ha cumplido 15 años este mes, actuaban la mayoría de las veces «en un grupo integrado por seis alumnos», aunque tres de ellos eran menores de catorce años y no pueden ser acusados por la Fiscalía.
Hematomas en el hombro
De esta manera, los agresores supuestamente propinaban, «de manera conjunta y sucesiva», golpes en el hombro a su víctima, quien «a veces caía al suelo por el dolor» y, en ocasiones, sufrió «hematomas en el hombro y la espalda».
El chico «muchas veces terminaba llorando», una circunstancia que era apreciada tanto por los agresores como por el resto de la clase, a pesar de lo cual los «infractores» no se «conmovían» y nuevamente, al día siguiente, volvían a «atacar» al menor, quien «más de una vez pidió» a uno de sus agresores que no continuaran con lo que ellos denominaban «juego», porque «lo pasaba muy mal».
No obstante, las súplicas de la víctima resultaron «ineficaces» y «el juego consistente en pegar todos» al adolescente «se volvía a repetir» la jornada siguiente «una o dos veces diarias», si bien las vejaciones no se producían cuando uno de los agresores «no acudía a clase por motivos varios».
El texto desvela que la víctima llegó a interiorizar «los actos de violencia física como parte normalizada de su vida» y sufrió «pérdidas y debilidad en el cabello», así como «trastornos de sueño» y descendió su rendimiento escolar.
A consecuencia de estos hechos, el pequeño presenta un «miedo insuperable al encuentro fortuito con sus agresores» y se encuentra en tratamiento psicológico».
El adolescente sufre, según la Fiscalía, un «estrés postraumático y ansiedad fóbica que no afecta a su vida cotidiana, a excepción del malestar en el contexto escolar y, sobre todo, dentro del aula».
Una vez denunciadas estas agresiones, el Juzgado de Guardia adoptó, actuando en funciones del Juzgado de Menores, la medida cautelar de alejamiento e incomunicación de sus presuntos agresores, lo que «ha ayudado a la estabilidad del menor», según el informe pericial psicológico practicado a la víctima.
La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de trato degradante en concurso ideal con una falta continuada de lesiones y la circunstancia agravante de que los autores se prevalieron del auxilio de otras personas.
Prohibición de acercarse
Por este motivo, solicita para ellos 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad con siete fines de semana de permanencia en un centro, en caso de que no acepten voluntariamente la medida.
Asimismo, demanda que se prohíba a los tres acusados acercarse al perjudicado, a su domicilio y al recinto escolar a una distancia mínima de 50 metros, o comunicarse con él durante un año.
Reclama también que se oficie al colegio en el que se produjeron los hechos para que en el próximo curso escolar 2012-13, la víctima no comparta clase con los alumnos infractores ni con los menores de 14 años que, presuntamente, participaron en los hechos.
La Fiscalía pide igualmente que los menores, de manera conjunta y solidaria con sus padres, indemnicen al perjudicado con 6.000 euros «en concepto de daño moral» y demanda que se declare al colegio «solidariamente responsable, en su condición de guardador».